Democracia y redes sociales
Las redes sociales, la robótica y la inteligencia artificial aportan enormes ventajas pero también presentan riesgos y amenazas despertando fuertes debates éticos de cara al futuro Afectan casi todos los órdenes de la vida incluyendo nuestro sistema democrático. El neologismo ‘post-humano’ que se ha acuñado en las últimas décadas, es indicativo de la naturaleza disruptiva de esta transformación.
Las redes sociales ya forman parte integral de nuestras vidas. Un último estudio nacional de Voices! entre internautas de junio pasado muestra que un 91% utiliza WhatsApp, Facebook 76%, Instagram 46% y Twitter 16%. La pandemia ha acelerado este proceso ya que las comunicaciones en aislamiento debieron ser virtuales. El mayor crecimiento se da entre los adultos mayores: en 2018 un 38% utilizaba Facebook y hoy el 69% y WhatsApp crece de 41% a 80%.
En cuanto a su impacto sobre los vínculos personales sobre todo entre los jóvenes se destaca la posibilidad que dan las redes de ampliar la cantidad de amistades pero se valoran fuertemente las relaciones cara a cara: 8 de cada 10 prefiere relacionarse con sus amigos en persona y elije el “mundo cara a cara” antes que el online. Consideran que las verdaderas amistades se dan por fuera de las redes sociales.
En el plano político, la información de calidad es esencial para que los ciudadanos reflexionen y tomen decisiones en una democracia, y en ese sentido las redes sociales generaron una gran expectativa. Se pensó contribuirían a una distribución más horizontal de información fiable y a la promoción de debates que combatieran los prejuicios tanto colectivos como individuales. Esta esperanza inicial está puesta hoy en duda. En lugar de propiciar el intercambio de diferentes ideas, sus mecanismos parecen apuntar a que cada persona se conecte con los contenidos que responden a sus creencias previas. Es lo que los expertos llaman “filtro burbuja”. Esto profundiza la grieta cuando necesitamos interacción entre quienes piensan distinto para poder enfrentar los problemas.
Hoy en día los ciudadanos no se sienten bien informados y la mayoría (63%) piensa que las redes sociales tienen demasiado poder e influencia en la política. En nuestro país un 49% sostiene recibir diariamente noticias falsas y un 82% mensualmente. La mitad declara que presta atención a las fuentes pero el resto no lo hace o lo hace pocas veces y son los jóvenes quienes menos atención prestan. A su vez solo 2 de cada 10 se consideran distribuidores de noticias siendo la gran mayoría receptores.
Ya son muchos los países que comienzan a buscar herramientas para regular los contenidos que circulan a través de las redes o lo que se publica en sitios web y crecen en el mundo las organizaciones dedicadas a chequear la veracidad de lo que se dice: PolitiFact, Full Fact, Snopes, Fact Check o la argentina Chequeado (parte de Reverso). Y no son pocas las voces de alarma que alertan sobre amenazas a la libertad de expresión, ya que la posibilidad de detener a las noticias falsas podría ser una herramienta utilizada para suprimir no la desinformación sino el disenso.
El derecho a la libertad de opinión y la fidedignidad y protección de los datos son derechos fundamentales que deben garantizarse para que el progreso tecnológico abone los valores democráticos garantizados por la Constitución Nacional. En este contexto, la Argentina adhirió al Pacto por la Información y la Democracia, copresidida por Francia y Alemania con la participación de 43 países cuyo objetivo es promover marcos jurídicos nacionales e internacionales que fomenten el ejercicio de la libertad de opinión y expresión y el acceso a una información libre, plural y fiable. El primer paso de trabajo conjunto fue la realización de un Foro Internacional en el marco del Consejo Económico Social del que participaron destacadas personalidades del exterior y nacionales representando gobiernos, ONGs, empresas digitales, académicos, legisladores y Poder Judicial. Se intercambiaron experiencias y mejores prácticas en un debate constructivo que incluyo todas las voces enfocando en tres temas: 1) cómo evitar las noticias falsas y discursos del odio en las plataformas digitales, 2) la desinformación y su incidencia en campañas electorales y 3) la conciliación entre libertad de expresión y la protección de los datos.
Frente a opiniones y propuestas diversas se encontraron puntos de consenso como la importancia de una mayor concientización ciudadana sobre el problema, la necesidad de resolver de la brecha digital garantizando conectividad y educación digital para todos, la alfabetización digital mediática como garantía de la democracia, la transparencia sobre el origen de los contenidos pagos y la búsqueda de soluciones multisectoriales con acciones comunes y cooperativas.
En nuestro país hay antecedentes en esta dirección. La Cámara Nacional Electoral en 2019 firmo un Compromiso Ético Digital con los partidos políticos, empresas digitales y periodísticas y ONGs contribuyendo a mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenido falso y demás tácticas de desinformación en elecciones.
Resulta prioritario seguir trabajando en la búsqueda de caminos que respeten la libertad de expresión y la calidad de la democracia. Aspiro a que se tome conciencia de la importancia de este tema para que podamos encontrarnos y de esa manera construir un país con valores humanos y democráticos, cada vez mejor.